Buscan sancionar agresiones a profesionales que presten servicios en establecimientos de salud y educación

La moción de los diputados Bellolio, Girardi, Hoffmann, Rey, Rojas, Santana, Schalper, Vallejo, Venegas, Winter, señala que en los últimos años la violencia escolar se ha posesionado del ambiente educativo, cada vez son más graves los hechos de agresión entre los alumnos y ahora, es posible sumar, las agresiones a profesores.

La ley N° 20.536, sobre violencia escolar, regula todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten contra otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave.

Sin perjuicio de esto, ésta solo se concentró en la relación entre los alumnos, dejando fuera al resto de los integrantes de la comunidad escolar que también son víctimas de abusas y malos tratos, como lo son los profesores.

Asimismo, se señala que la ley N° 20.501, sobre calidad y equidad de la educación, solo establece medidas administrativas y disciplinarias ante situaciones de violencia, y no otorgó un tratamiento punitivo especial que materialice la especial gravedad de los hechos.

De otro lado, respecto a la protección especial a funcionarios de los servicios de salud, señala que se ha transformado en un panorama habitual dentro de los recintos de salud la sensación de inseguridad, debido a las permanentes agresiones verbales, malos tratos de pacientes y sus familiares, amenazas de muerte, e incluso por medio del uso de violencia física. Así, esta situación tiene implicancias directas en la prestación del servicio de salud, afectando la integridad física y psicológica tanto de los equipos médicos como de los pacientes testigos de hechos de violencia. Agrega la iniciativa que, la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, ha establecido deberes a los usuarios al momento de ser atendidos, tales como el respeto y trato digno para con el personal que forma parte del equipo de salud.

Sin embargo, dicha ley no ha contribuido a mejorar la seguridad de los equipos médicos, en tanto que no hay relevancia jurídica mediante la cual se otorgue una protección especial en los casos de violencia. En consecuencia, existe una real necesidad de establecer sanciones claras y concretas a los agresores, con penas efectivas, que impongan coercitivamente un deber de conducta entre los pacientes, familiares y acompañantes

De esa manera, la iniciativa concluye señalando que se debe dar una protección penal especial, a los profesionales de la educación que prestan servicio en establecimiento educacionales pre-básicos, básicos y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, y a los funcionarios de los servicios de salud al reconocer el estatus de autoridad, dentro del título sexto, párrafo primero del Código Penal, y por consiguiente, eleva las sanciones penales en casos de lesiones, en relación al delito común.

llamar ahora